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La llegada de Carlos Menem a la presidencia en 1989, en medio de una profunda crisis hiperinflacionaria, marcó un giro copernicano en la política económica argentina. Abandonando los postulados históricos del peronismo, su gobierno adoptó un modelo de apertura económica, desregulación y privatizaciones masivas, cuyo pilar fundamental fue la Ley de Convertibilidad de 1991. Esta medida, que fijó la paridad del peso con el dólar, logró frenar la inflación de manera drástica, brindando una ansiada estabilidad macroeconómica que la sociedad argentina no experimentaba desde hacía décadas.
Bajo el lema de la "modernización", se implementó un ambicioso programa de reformas estructurales. La venta de empresas estatales estratégicas, la desregulación de mercados y la apertura indiscriminada a las importaciones reconfiguraron el mapa productivo nacional, a menudo en detrimento de la industria local y el empleo. La promesa era una inserción virtuosa en la economía global y una mayor eficiencia, pero la realidad mostró una transferencia de activos públicos a manos privadas y una creciente dependencia del capital extranjero.
Si bien la estabilidad de precios fue un logro innegable que trajo alivio a una sociedad exhausta, esta se cimentó sobre una creciente deuda externa y un proceso de desindustrialización que comenzó a mostrar sus fisuras hacia el final de la década. La afluencia de capitales y el aumento del consumo, impulsados por la paridad cambiaria, generaron una sensación de bonanza que, sin embargo, ocultaba desequilibrios estructurales y una creciente vulnerabilidad ante shocks externos.
La contracara de esta modernización fue un profundo deterioro del tejido social. La flexibilización laboral, el aumento del desempleo y la precarización de las condiciones de trabajo generaron una brecha de desigualdad sin precedentes. Mientras un sector de la sociedad se beneficiaba de la apertura y la estabilidad, vastas capas de la población quedaban excluidas, viendo cómo los servicios públicos privatizados encarecían o perdían calidad, y cómo el Estado se retiraba de su rol de garante de derechos sociales.
En retrospectiva, la política económica menemista representa un capítulo complejo en la historia argentina. Si bien logró domar la hiperinflación y modernizar ciertos aspectos de la economía, lo hizo a un costo social elevado, sentando las bases para futuras crisis y dejando una herencia de desigualdad que aún hoy interpela a la sociedad argentina y alimenta el debate sobre el rol del Estado y el modelo de desarrollo más justo y equitativo.
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