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El Estado de México encabeza la lista con más de 2 mil denuncias, específicamente 2,049 carpetas de investigación, reportó el secretario de Seguridad federal
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer este domingo la estrategia nacional para contrarrestar el delito de extorsión, destacando la atención prioritaria en ocho estados de la República Mexicana.
Los ocho entidades son el estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, los cuales concentran el 66% de las denuncias por extorsión.
El Estado de México encabeza la lista con más de 2 mil denuncias, específicamente 2,049 carpetas de investigación. Le siguen Guanajuato con 879, Nuevo León con 645, Ciudad de México con 602, Veracruz con 585, Jalisco con 178 y Guerrero con 47. Aunque no se mostró en la diapositiva, se aclaró que Michoacán es otra de las entidades con un alto número de reportes, particularmente de los limoneros, y también se trabaja con las autoridades locales.
Los puntos clave de la estrategia
En los estados mencionados, se operará con atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados.
Generar detenciones mediante investigaciones e inteligencia.
Fomenta la creación de Unidades Antiextorsión Locales.
Aplicar un protocolo de atención específico para las víctimas.
Capacitar a los operadores de la línea 089 en manejo de crisis y negociación.
Implementar la Campaña Nacional de Prevención.
Se busca detener y desmantelar a los principales grupos generadores de violencia, además de identificar los puntos de donde salen las llamadas de extorsión.
Las dependencias que conforman el gabinete de seguridad se comprometieron a trabajar de forma coordinada, atendiendo este delito a través de la línea telefónica anónima 089.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitará órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, así como el congelamiento de cuentas bancarias identificadas como receptoras de cobros por extorsiones.
Incremento de operativos en centros de reclusión e inserción social para el aseguramiento de equipos telefónicos utilizados por internos para cometer este delito.
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